Según indicó la la Asociación Pro Derechos y Rehabilitación del Confinado (Los Ñetas) mediante un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación, el traslado de los confinados se tenía que haber concretado para finales del pasado mes luego de que Corrección solicitara una prórroga a la primera fecha límite pautada el 23 de enero de este año.

Mediante una comunicado de prensa, la banda explicó que la orden del juez federal Juan Pérez Giménez obedece a los litigios del caso federal Morales Feliciano, un pleito de clase entablado contra el Gobierno de Puerto Rico en 1979 por violación a los derechos civiles de la población penal.

Indicó la banda que las celdas de la cárcel de Guayama fueron diseñadas para ubicar a un sólo confinado, “pero en el Departamento de Corrección y Rehabilitación se ha empeñado en ubicar dos y violentar así las estipulaciones del caso federal” .

“A raíz del hacinamiento rampante, se han visto seriamente afectados los servicios de salud, alimentación, recreación, estudios, biblioteca, terapias de drogas y alcohol y las citas al área de sociales debido a la falta de personal para atender las necesidades los 596 presos” , indicó la organización penal.

La organización también instó al contralor, Manuel Díaz Saldaña, a que investigue la infeciente utilización de fondos en la cárcel. “En la cárcel 296, quien falla en sus deberes, obligaciones y responsabilidades es la propia Adminsitración de Corrección”, detalló la banda.

Noticia de PrimeraHora.com