[dropcap]L[/dropcap]a empresa Rosso Group Inc., con sede en Guayama recibía los contratos otorgados por el ex secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta, sin el debido proceso de subastas ni escrutinio de Puerto Rico Public Housing Administration (PRPHA).
Al menos cinco de los arrestados hoy por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) son procedentes de pueblos del sur, según se deprende del pliego acusatorio.
La noticia cobró revuelo cuando salió a la luz el nombre del exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes, (DRD) Ramón Orta, acusado por corrupción pública por alegadamente idear un esquema de fraude con fondos federales. Orta, nativo de Patillas, es graduado de la Escuela de Deportes del Albergue Olímpico.
Miguel Sosa Suárez -quien trabajó en el grupo de Finanzas durante la campaña del excandidato a la gobernación por el PPD, David Bernier- figura como residente de Salinas, donde mantenían una reserva de dinero oculta bajo tierra, a la que los acusados hoy, se referían como “El Clavo”.
Asimismo, el matrimonio entre el yaucano Irving Torres Rodríguez y Cecilia Amador López, recibieron $8,767,446 en fondos federales desde octubre de 2013 a septiembre de 2016, en pagos hechos por el Departamento de Hacienda en representación del Departamento de Recreación y Deportes. Estos pagos fueron hechos a la compañía Rosso Group Inc. con sede en Guayama, creada por Oscar Rodríguez Torres en febrero de 2013 para financiar proyectos de Orta Rodríguez.
“Ella (Cecilia Amador López) escribió y sometió propuestas al Departamento de Educación a nombre de Recreación y Deportes”, explicó en conferencia de prensa la jefa de Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.
“Fueron dos grupos arrestados. Uno por el FBI y otro por (autoridades) de la Oficina del Inspector General”, detalló temprano esta mañana, Carlos Osorio, portavoz del FBI, detallando que “fueron cuatro arrestos en el área metropolitana y tres en el área más hacia el sur”.
Más tarde trascendió que las compañías involucradas en el esquema de supuesto fraude y corrupción pública son: Rosso Group Inc., Global Sports Iniciative LLC, Administrative Enviromental and Sports Consultants Corp. (AESC) y Sports Consultants Inc.
Además, Juan Carlos Ortiz Nieves creador y propietario de esta última (Sports Consultants), tenía un contrato de $14,500 mensuales por concepto de arrendamiento durante cinco años, otorgado por el DRD. Alegadamente, esta propiedad en Guayama fue utilizada como una facilidad deportiva y recreacional.
El otro arrestado fue Edgardo Vázquez Morales, ex ayudante de Orta.
“Los imputados utilizaron la posición de Orta Rodríguez en el Gobierno para beneficiarse, enriquecerse y defraudar a los Estados Unidos y al Congreso estatal…Orta Rodríguez utilizó su posición como secretario del DRD para solicitar fondos federales al Departamento de Educación y a la Administración de Vivienda Pública utilizando información falsa sobre la capacidad de su departamento para llevar a cabo las actividades sujetas a las propuestas”, denunció la fiscal federal
Según reza el pliego acusatorio, la empresa Rosso Group Inc., con sede en Guayama recibía los contratos otorgados por el ex secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) sin el debido proceso de subastas ni escrutinio de Puerto Rico Public Housing Administration (PRPHA).
“Rosso inflaba los precios de los servicios a ser provistos bajo estos contratos y la diferencia se la repartían entre los acusados”, afirmó la fiscal federal, quien detalló que el dinero fue utilizado en viajes e inversiones de negocios. Asimismo, que con el dinero se financió una “campaña política” y un “partido político”, mas no especificó.
También se mencionó que los acusados utilizaron correos electrónicos para desarrollar el esquema de fraude.
Algunos de los cargos radicados fueron:
– 9 cargos por fraude electrónico: “Los acusados utilizaron email para desarrollar sus esquemas fraudulentos, crear y presentar propuestas”, según fiscalía federal.
-2 cargos por fraude postal: “Causaron que el Departamento de Hacienda enviara por correo dos pagos a DRD” uno por 3 millones y otro por casi 4 millones. “Estos son los pagos por las propuestas otorgadas ilegalmente”, dijeron las autoridades.
-5 cargos de robo de identidad agravada: “Los imputados utilizaron los nombres de otras personas en las propuestas presentadas en el Departamento de Educación”
-27 cargos por lavado de dinero: “Los acusados utilizaron las ganancias de las transacciones ilegales para crear empresas, abrir cuentas bancarias, recibir y realizar transacciones monetarias, pagar los “kickbacks” y pagar gastos de otros co conspiradores como mejoras al hogar y pagos de autos. Además utilizaban las instituciones financieras para esconder el dinero”, sostuvo la jefa de la fiscalía federal.
Libres bajo fianza
La jueza Camille Vélez Rivé le impuso a los siete individuos una fianza no asegurada de $10,000.
Oscar Rodríguez y Sosa Suárez pidieron que se pospusiera la vista de lectura de acusación.
El resto de los acusados, Orta, Torres, Amador López, Ortiz Nieves y Vázquez sometieron una alegación de no culpabilidad.
Esta nota fue editada por CNA.
Fuente: periodicolaperla.com
