[dropcap]E[/dropcap]l gobernador Ricardo Rosselló convirtió ayer en ley una medida que limita a no más de 180 días el depósito y almacenamiento de las cenizas que produce la generación de energía con carbón de la empresa Applied Energy Systems (AES) en Guayama, siempre y cuando dichos residuos tengan luego “usos comerciales beneficiosos”, como la creación de bloques y paneles.
El mandatario anunció, a su vez, que alcanzó un acuerdo con una compañía foránea para la elaboración, con las cenizas, de los mencionados artículos de construcción.
Las enmiendas añadidas al proyecto y firmadas por el gobernador, sin embargo, han sido catalogadas por sectores de la oposición como “terribles” y muy similares a las incluidas en las ponencias de la propia AES ante la Legislatura.
Se trata del Proyecto del Senado 81, que en un principio prohibía el depósito y la disposición de cenizas de carbón, pero cuyas enmiendas agregaron una excepción para “usos comerciales beneficiosos”, así como aquellos proyectos que cuentan con los permisos de la Junta de Calidad Ambiental y la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés).
Preocupación por comunidades
El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, dijo que las enmiendas “impuestas por el gobernador” permitirían, no solo el depósito de las cenizas en los vertederos, sino utilizar esos desperdicios como material de construcción y para relleno en urbanizaciones, caminos y hasta en terrenos agrícolas.
“Ahora las cenizas las tendremos en el patio de nuestras casas, en la sala, en las paredes de la habitación de nuestros hijos”, denunció el senador.
El gobernador anunció ayer, junto al secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, el establecimiento en Puerto Rico de la compañía Mincrete Ecopanel, Inc., una procesadora de los derivados de las cenizas de carbón, que recoge esos desechos para convertirlos en materiales de construcción, como bloques, para su traslado fuera de la Isla.
Explicó que Mincrete Ecopanel, Inc., utiliza tecnología para transformar las cenizas en bloques y paneles, que son utilizados para construir viviendas de bajo costo y barreras de sonido.
El gobernador consideró que la energía producida por AES a través de la quema de carbón es “más limpia y económica” que otros procesos existentes en la Isla. Ante la preocupación ambiental y de salud pública que se ha planteado, Rosselló respondió que la política de su administración es buscar “alternativas comerciales” para crear empleos y lograr que se exporten las cenizas generadas en la Isla.
Inversión de $10 millones
El titular del DDEC informó que Mincrete Ecopanel representa una inversión privada inicial de $10 millones y la creación de aproximadamente 136 empleos directos e indirectos en un periodo de tres años.
La construcción y comienzo de operaciones de la planta tomará aproximadamente un año y estará ubicada en una propiedad en Guayama perteneciente a Pridco, lee un comunicado de La Fortaleza.
Seilhamer: “paso de avance”
El senador del Partido Nuevo Progresista, Larry Seilhamer, autor de la medida, dijo que el estatuto “representa un paso de avance porque ya no se permitirá que los residuos de la quema del carbón puedan ser depositados en los vertederos de Puerto Rico”. Aseguró que con eso se garantizaba la salud ambiental del pueblo.
Dalmau, por su parte, dijo que se incluyeron unas enmiendas con un lenguaje similar a las ponencias y escritos de la empresa AES. “Es evidente que los mercaderes de las cenizas encontraron puertas abiertas en La Fortaleza. Lo advertí desde enero: esta era una lucha contra un poder económico que poco le importa la salud del País. Su ideal es el dinero y su bandera es el dólar. Y ante ese poder se doblegó el gobernador y sustituyó el lenguaje que protegía las comunidades, por el lenguaje dañino que beneficia a AES”, expresó.
El senador del PIP había mencionado además que el anuncio de AES de reiniciar el depósito de cenizas de carbón en el vertedero de Peñuelas, se dio en momentos en que el Senado y la Cámara se habían puesto de acuerdo para aprobar la prohibición del depósito de los residuos productos de la quema de carbón.
Catalogó además como un “chantaje” la advertencia de la compañía de que podría cerrar, lo que indicaron que supuestamente provocaría apagones en el sistema eléctrico.
En una entrevista radial, el senador Seilhamer también había catalogado esa advertencia como un acto de “terrorismo”.
Fuente: elvocero.com
