[dropcap]E[/dropcap]l Comité Diálogo Ambiental (CDA) que une a diversos grupos del sur de la isla que luchan por que se cierre la planta de carbón AES en Guayama y cese el depósito de cenizas en la Isla, se unió formalmente al reclamo de 103 organizaciones de interés público de los Estados Unidos que reclaman a la Agencia de Protección Ambiental Federal (EPA en inglés) tiempo y participación para debatir las radicales enmiendas propuestas al reglamento que regula el manejo de las cenizas de carbón en los estados y territorios.
Según dio a conocer el Comité el reclamo responde a que el 1 de marzo, el administrador de la EPA, Scott Pruitt, propuso debilitar significativamente los estándares y restricciones que se exigen a las compañías eléctricas que producen y disponen cada año millones de toneladas de cenizas de carbón.
Pruitt anunció su plan justo un día antes de que sobre 400 centrales eléctricas que utilizan carbón como materia prima revelaran los resultados de sendos exámenes sobre la calidad del agua subterránea en sus predios. En la inmensa mayoría, los estudios evidenciaron abundante contaminación con tóxicos de las cenizas de carbón.
La petición dirigida a Mary Jackson, de la División de Recuperación de Materiales y Manejo de Desechos, de la Oficina de Conservación y Recuperación de Recursos de la EPA (RCRA en inglés), el colectivo de organizaciones explicó que estos residuos de la combustión del carbón (RCC) figuran entre las variantes de “desperdicios tóxicos más grandes en los Estados Unidos”.
“Estos datos (exámenes) contienen información sobre muchos depósitos de cenizas que nunca se habían monitoreado y que evidencian la presencia de ciertos productos químicos peligrosos, como el radio, el cobalto y el litio, que nunca antes habían sido medidos. Estos datos revelan que la disposición de cenizas de carbón conlleva nuevas y significativas amenazas a la salud pública, y estas amenazas están muy ligadas a los cambios técnicos y legales que se proponen en las enmiendas al reglamento”, recalca la petición.
En Estados Unidos y Puerto Rico se producen 110 millones de toneladas de desechos industriales de cenizas de carbón al año. Estos residuos conllevan una mezcla de carcinógenos, neurotoxinas y venenos, entre los que resaltan el arsénico, boro, cromo hexavalente, plomo, radio, selenio y talio.
En su petición, las organizaciones solicitaron además que la EPA extienda de 45 a 90 días el período para someter comentarios y que se realicen cuatro audiencias públicas, una de ellas en Guayama, Puerto Rico, debido a que es “esencial realizar múltiples audiencias para que las comunidades impactadas expresen sus inquietudes”.
“Debido a que las cenizas de carbón afectan de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias y de bajos ingresos, muchas personas impactadas no pueden recorrer largas distancias para asistir a una audiencia”, insisten los grupos en su misiva, tras la intención de la agencia federal de realizar sólo una audiencia en Washington D.C. el 24 de abril.
La investigación de Puerto Rico
Una investigación de La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo reveló días atrás que en las aguas subterráneas de la planta de carbón AES en Guayama ya existen indicios de radioactividad, además de rastros de arsénico, cromo, selenio y molibdeno.
“La montaña de desperdicios está liberando químicos peligrosos al agua subterránea y ya fluye fuera de la zona de la planta”, comentó a ambos medios Lisa Evans, abogada con más de 25 años de experiencia en litigios ambientales y asesora de Earthjustice, organización de derecho ambiental con larga trayectoria en Estados Unidos
Esta institución, además, es una de las 104 entidades que firmaron la petición a la EPA.
En el caso de Puerto Rico además un estudio, pagado por la propia AES y realizado entre agosto y noviembre pasado por orden también de EPA evidenció que la montaña de cenizas de la citada planta en Guayama está liberando cantidades elevadas de químicos al agua subterránea y que esa contaminación ya se desplaza del lugar, incluyendo en dirección al mar.
La existencia y resultados del estudio fueron dados a conocer por varios de los integrantes del CDA. La portavoz del Campamento contra las Cenizas en Peñuelas, Yanina Moreno Febles, aseguró que los hallazgos de contaminación descubiertos en el informe pagado por la propia AES, desvela todas las mentiras que la empresa carbonera a esbozado durante años.
“Una vez más queda al descubierto la realidad sobre las cenizas de carbón: sí son tóxicas, permiten la lixiviación de sus elementos tóxicos y radioactivos hacia los acuíferos, y no son una piedra sólida e inocua como ha insistido AES, sino un polvillo que se degrada con el paso del agua, así como es transportada por el viento. AES ha contaminado nuestro aire, suelos y acuíferos. ¿Qué más hay que esperar? Hay que detener inmediatamente la generación de estas cenizas”, aseveró Moreno.
Por su parte, Víctor Alvarado Guzmán del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, dijo que los acuíferos de catorce (14) pueblos podrían estar amenazados por la contaminación de los metales pesados y desechos radioactivos del carbón.
“Entre el 2004 y el 2017, la carbonera AES desparramó sobre 2.4 millones de toneladas de cenizas tóxicas en nuestra isla, catorce pueblos fueron impactados por el depósitos de cenizas tóxicas, cuyos acuíferos podrían estar ya contaminados”.
Los pueblos dijo son San Juan, Dorado, Toa Alta, Caguas, Ponce, Guayama, Salinas, Arroyo, Santa Isabel, Coamo, Peñuelas, Juncos, Mayagüez, y Humacao. Cerca de algunos de estos depósitos hay ríos y quebradas, por lo que la contaminación pudiera expandirse más allá de los terrenos y acuíferos impactados directamente. Alvarado reclamó el que “la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la EPA y el Departamento de Salud deben establecer con urgencia un protocolo de emergencia en los pueblos en donde se han transportado, usado como relleno, y depositado cenizas en los últimos 14 años, y comenzar un proceso inmediato de monitoreo y remediación”.
Por otro lado, Timmy Boyle, portavoz de la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sur Este (ACASE), exigió a las agencias estatales y federales a tomar acción inmediata.
“Desde el 2011, la EPA ya había manifestado su preocupación por la posible contaminación de los acuíferos y no hizo nada. El año pasado, ante el inminente paso de los huracanes Irma y María, la JCA ordenó a la carbonera AES a tapar la montaña de cenizas que tiene a la intemperie en su patio trasero y, no sólo la empresa se negó temerariamente a cumplir, sino que en pocos meses comienza la temporada de huracanes y las cenizas siguen al descubierto. Además, según el informe revelado, hubo un alza de 100 por ciento de arsénico en el agua luego del paso del huracán María. El incumplimiento de AES provocó más contaminación.”, manifestó.
Los líderes de Peñuelas, Salinas y Humacao exigieron que se clasifique las cenizas de carbón como desperdicio peligroso, se cambien las inadecuadas pruebas de Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) y Synthetic Precipitation Leaching Procedure (SPLP) por el método Leaching Environmental Assessment Framework (LEAF), se realicen pruebas de radioactividad a los residuos de carbón, comenzar un proceso de monitoreo y remediación en los pueblos donde se ha depositado cenizas, remover todas las cenizas depositadas en Puerto Rico y cerrar definitivamente la planta de carbón.
También, José M. Díaz, portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, Inc., emplazó al presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, para que se enmiende la Ley 40-2017.
“Esto no pare más. Tras esta prueba irrefutable del peligro que constituye el depósito de cenizas en Puerto Rico, es necesario que se enmiende la Ley 40-2017. Emplazamos a los presidentes de Cámara y Senado para que aprueben el Proyecto del Senado 600, del senador Juan Dalmau, y el Proyecto de la Cámara 1160, del representante Denis Márquez, y establecer claramente la prohibición del depósito y uso de las cenizas en la isla. Aquellos legisladores y legisladoras que se arrepintieron de haber apoyado un proyecto defectuoso, tienen la oportunidad de enmendar su error. Emplazamos al presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, a que proteja y dé a respetar nuestras comunidades, y que informe al pueblo los resultados de la investigación sobre las enmiendas al contrato entre AES y la Autoridad de Energía Eléctrica”, comentó.
Por último, Aldwin Colón Burgos, del grupo “Comunidad guayamesa unida por tu salud” y vecino de la instalación de carbón, catalogó como una “tragedia” el efecto negativo que ha tenido sobre los vecinos la planta de AES.
“Hemos pagado un alto precio por culpa del gobierno que permitió la construcción de esa terrible planta de carbón. Es una tragedia ver cómo nos seguimos enfermando y muriendo, y la AES sigue contaminando el aire que respiramos y el agua que bebemos. Esto tiene que parar. Es hora que el gobierno piense en la vida de las personas y no en las ganancias de AES”, reafirmó Colón, quien es paciente de cáncer.
Fuente: claridadpuertorico.com
